El PP apuesta por implantar la licencia única de caza en España
Reunión de consejeros de Agricultura y Medio Ambiente del Partido Popular
La caza genera más de 3.600 millones de
euros al año, y los beneficios del turismo cinegético repercuten
especialmente en el comercio y la hostelería de las zonas rurales.
La secretaria ejecutiva de Agricultura y Medio Ambiente del Partido
Popular, María Luisa Soriano, se ha mostrado partidaria de implantar una
licencia única de caza en España, con el fin de "facilitar los trámites
a los cazadores, simplificar los procedimientos y fomentar el turismo
cinegético, del que se benefician especialmente las zonas rurales".
Lo ha expuesto tras la reunión que han mantenido esta tarde en Madrid
los consejeros autonómicos de Agricultura y Medio Ambiente del Partido
Popular, en la que todos se han mostrado partidarios de estudiar
soluciones técnicas y políticas que faciliten el proceso a favor de una
actividad deportiva y de ocio que genera más de 3.600 millones de euros
al año en España.
Los responsables populares quieren dar un
primer e importante paso que lleve hacia la licencia única de caza en
todo el territorio nacional, que pasa por la convalidación mutua de las
licencias para que los cazadores no tengan que solicitar una para cada
región.
Con ello se pretende impulsar el turismo cinegético, muy
importante en las zonas rurales, beneficiando no sólo a los cotos de
caza sino también a la hostelería, restauración y comercios, e
impulsando la creación de empleo en estas áreas.
Por otro lado,
los responsables de Agricultura y Medio Ambiente del PP también han
abordado la necesidad de adoptar medidas para implementar el control
oficial de la cadena agroalimentaria en todos sus eslabones -producción,
industria, distribución y consumidor-, que pasan por una mayor
coordinación entre las distintas administraciones implicadas.
También
han tratado la simplificación administrativa en los trámites
relacionados con asuntos medioambientales. Han abogado por reducir los
plazos de resolución en todos los procedimientos y se van a regular, en
todos los casos en que sea posible, el silencio administrativo como
estimatorio para el administrado, lo que se conoce como "silencio
positivo".